Sociedad civil presenta propuesta de Ley General de Seguridad Vial

• Esta propuesta de Ley General de Seguridad Vial es un esfuerzo ciudadano por reducir el promedio de 16 mil personas fallecidas en hechos de tránsito al año.
• Diputados y Senadores de diversos grupos parlamentarios apoyan esta iniciativa.
• La propuesta es un trabajo multidisciplinario de más de cuatro años.

Ciudad de México 11 de febrero, 2019.- Organizaciones de la sociedad civil entregaron este lunes 11 de febrero su propuesta de Ley General de Seguridad Vial a legisladores para su presentación, discusión y en su caso, aprobación con el fin de avanzar en una estrategia nacional para reducir las muertes y lesiones graves por accidentes viales en las calles y carreteras del país.

La iniciativa fue construida por diversas organizaciones de la sociedad civil, activistas, familiares de víctimas y especialistas en movilidad, transporte y seguridad vial y sector privado en un esfuerzo de más de cuatro años para construir una legislación que permita la coordinación entre diferentes ámbitos de gobierno para garantizar el derecho de los mexicanos a la vida y a la salud durante su tránsito por calles y carreteras del país.

La propuesta de Ley General de Seguridad Vial fue entregada a Senadores y Diputados en el evento presidido por Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República; Patricia Mercado Castro, Presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado, Diputada Pilar Lozano Mac Donald, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda de la Cámara de Diputados y Víctor Fuentes Solís, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda del Senado.

La Ley tiene como objetivo la protección de la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos por las vías públicas del país, mediante un enfoque de prevención que disminuya los factores de riesgo a través de la generación de sistemas viales seguros y que abone al cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por México como el Decenio de Acción por la Seguridad Vial 2011-2020 impulsado por la Organización Mundial de la Salud y la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsada por las Naciones Unidas.

Las organizaciones involucradas consideran que esta Ley es un primer paso para reducir la tasa de mortalidad vial que asciende a 16 mil personas fallecidas al año, en promedio, convirtiéndose en una de las primeras causas de muerte en el país y en un grave problema de seguridad y salud pública. Cabe destacar que los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte de niños y niñas mexicanas entre los 5 y 9 años y las lesiones por accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte entre jóvenes mexicanos entre los 20 y 29 años, además de representar pérdidas de hasta el 1.7% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Durante la entrega de esta propuesta a las legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios, las organizaciones civiles hicieron un llamado para que la sociedad se involucre en el tema y apoye su aprobación e implementación ya que, mencionaron, “desafortunadamente, hoy nadie está exento de sufrir un percance vial en el que pueda morir o resultar gravemente lesionado. Sólo con medidas muy claras de prevención contenidas en esta Ley y políticas públicas, lograremos salvar miles de vidas.”

Las organizaciones civiles participantes son Bicitekas A.C., Céntrico, El poder del Consumidor, ITDP México, Reacciona por la Vida, WRI México, AMTM, Automex, Biciverde, CADENA Puebla, Camina A.C., Chemalink, CESVI México, CityEs!,  Click, Cruz Roja, Ensenada Se Mueve, Entorno Industrial, Fundación Tláloc,  Fundación Xihmai, Libre Acceso A.C, Manu Vive, México Previene A.C.,  MOVAC, Movilidad y Desarrollo México, Movilidad Lab, Movilidad para todos, Mujeres en movimiento, Red Urbana Capítulo Puebla, Refleacciona, Ruedas del Desierto, Salud crítica, Víctimas de violencia Vial A.C.; con el apoyo de las organizaciones internacionales Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como decenas de organizaciones civiles en los Estados de la República.